cual es la ley de expropiacion forzosa

Conoce la Ley de Expropiación Forzosa en el sector legal

Antes de llevar a cabo la confiscación obligatoria, es necesario emitir una declaración previa que establezca la necesidad y relevancia social del propósito para el cual se utilizará el bien expropiado.

Desentrañando el concepto de expropiación forzosa

La expropiación forzosa implica la privación de la propiedad privada, derechos, o intereses legítimos sobre un patrimonio, sin importar su dueño (particulares, entidades, administraciones públicas, etc.), por razones de utilidad pública o interés social.

Su ejecución debe estar justificada por una disposición normativa que regule su proceso y establezca garantías para asegurar su correcta aplicación. En casos específicos, en función de la actuación planificada, puede llevarse a cabo a través de venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal de la propiedad, o por la cesación del ejercicio de los deberes sobre dicha propiedad o intereses.

Los actores involucrados en un proceso de expropiación forzada

La Administración expropiante actúa en favor del beneficiario designado, quien es el receptor de los bienes o derechos expropiados y representa el interés público o social. En ocasiones, el beneficiario y la Administración pueden ser la misma entidad.

La expropiación se realiza a instancia del beneficiario y la Administración tiene la potestad de determinar las obligaciones que este tenga con respecto al expropiado. También puede tomar decisiones que impliquen el ejercicio de dicha potestad.

El beneficiario puede ser cualquier persona natural o jurídica que cumpla con los requisitos establecidos por Ley con fines de interés social. Esto incluye, entre otros, a las unidades de tipo empresarial, los consorcios urbanísticos y las empresas tanto públicas como privadas.

Fases de tramitación

La LEF, promulgada el 16 de diciembre de 1954, y el RLEF, aprobado el 26 de abril de 1957, son las normas que regulan la Expropiación Forzosa.

La LEF, que entró en vigor en diciembre de 1954, y el RLEF, vigente desde abril de 1957, son los instrumentos legales que establecen el marco jurídico para llevar a cabo la Expropiación Forzosa.

La Expropiación Forzosa está regulada por la LEF y el RLEF, dos leyes que se encargan de establecer el procedimiento a seguir para la desposesión de un bien en favor del interés público.

El proceso de Expropiación Forzosa se encuentra normado por la LEF y el RLEF, legislaciones que determinan los requisitos y pasos a seguir para llevar a cabo esta medida excepcional.

Los derechos del expropiado conforme a la normativa de Expropiación Forzada

El pago de indemnización por la pérdida de bienes y derechos expropiados es un aspecto crucial en el proceso de expropiación. La determinación del justo valor, que puede acordarse entre ambas partes o establecerse mediante un procedimiento regulado por la Ley de Expropiación Forzosa y el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, debe ser equitativa, razonable y proporcional al perjuicio sufrido por el propietario.



Conforme al artículo 54.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, la persona expropiada tiene derecho a recuperar el objeto expropiado o parte de él, si es que queda remanente, previo pago de una indemnización al beneficiario en los siguientes casos:


  • El interesado suele disponer de un plazo de tres meses para abonar la indemnización, la cual debe ser equivalente al justo valor recibido por la expropiación y actualizada según el IPC.

Cuáles son los bienes susceptibles de expropiación

De acuerdo al artículo 1.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, puede ser objeto de expropiación cualquier propiedad, derecho o interés patrimonial legítimo.

Derecho vigente de expropiación obligatoria

La Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, acompañada por su reglamento conocido como REF (Decreto de 26 de abril de 1957), es una de las normas estatales que rigen este proceso.

Esta ley se ha convertido en una herramienta esencial para la Administración, permitiendo disponer de propiedades privadas necesarias para salvaguardar el interés colectivo. El Tribunal Constitucional, en su sentencia n. 37/1987, ha confirmado que la ley tiene un carácter instrumental, incidental y no finalista, teniendo en cuenta la variabilidad y contingencia de lo que se requiere en cada momento en términos de utilidad pública o interés social, en línea con los principios y derechos protegidos por la Constitución.

En pocas palabras, esta ley facilita el proceso de expropiación forzosa de una vivienda en caso de que la Administración necesite el terreno para proyectos de obras públicas específicos.

De qué manera la Ley de Expropiación Forzosa puede impactar en tu vida

Si bien intentamos explicar de manera sencilla cómo la Ley de Expropiación Forzosa puede afectarte, es importante que sepas que siempre puedes resolver tus dudas con ayuda profesional, como la que ofrecemos en nuestra inmobiliaria del barrio de Chamberí. En GILMAR te acompañamos y asesoramos en todos los trámites jurídicos, legales o financieros que puedas necesitar.

Como ya mencionamos, esta ley permite la expropiación forzosa de una propiedad inmobiliaria por razones de interés público. Pero, ¿qué podría considerarse como interés público? Generalmente, se trata de la construcción de obras públicas como carreteras, líneas ferroviarias o aeropuertos. Sin embargo, también puede darse en situaciones como la necesidad de construir edificios, como colegios, o por motivos de ordenamiento urbano.

Si te ves en esta situación, es importante que tomes ciertas medidas. Lo primero es contactar con un abogado especializado en expropiaciones y recopilar toda la información y documentos relacionados con el bien que va a ser expropiado. De este modo, el profesional podrá valorar cómo te afecta esta expropiación y ayudarte a presentar alegaciones o negociar un precio justo por tu propiedad.

Qué se puede expropiar

EXPROPIACIÓN: UNA MEDIDA QUE ALCANZA MÁS ALLÁ DE LA PROPIEDAD

La expropiación es una medida que puede afectar no solo a la propiedad privada, sino también a cualquier derecho o interés patrimonial legítimo, perteneciente a personas u entidades.

Esta medida no solo se limita a bienes inmuebles como terrenos o edificios, sino que también puede abarcar bienes muebles, siendo todos susceptibles de valoración para el pago de un justo precio.

Es importante destacar que la expropiación puede ser parcial, afectando solo a una parte de las facultades o utilidades de la cosa o el derecho en cuestión. Además, puede darse en diversas formas, como imponer un censo, un arrendamiento, la ocupación temporal o la suspensión del ejercicio de un derecho.

Garantías para los expropiados

Tras el plazo de cuatro años desde la expropiación, si el pago acordado no se ha realizado o se ha consignado, se procederá a evaluar nuevamente los bienes o derechos objeto de la expropiación. Sin embargo, una vez efectuado el pago o la consignación, aunque haya transcurrido el mencionado plazo, no se permitirá la revisión del precio establecido. Esto viene determinado por el Artículo 58 de la Ley de Expropiación Forzosa.

En virtud del Artículo 54 de la mencionada ley, en caso de que la obra o servicio por el que se realizó la expropiación no se haya llevado a cabo o si queda algún bien expropiado sobrante o desaparece su afectación, el antiguo propietario o sus herederos tendrán derecho a recuperar la totalidad o parte de lo expropiado. Esto se realizará mediante el pago de una indemnización correspondiente al propietario o titular (ya sea beneficiario o subsidiario de la expropiación) determinada para tal efecto.

Materias de expropiación

Las expropiaciones urbanísticas tienen como objetivo perseguir los fines contemplados en la legislación que regula la planificación del territorio y el urbanismo, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Suelo.

La causa que motiva la expropiación es la utilidad pública (en el caso de entidades públicas) o el interés social (cuando el beneficiario es un particular).

En estas expropiaciones, el justiprecio normalmente se abona en efectivo, aunque la Administración y el expropiado pueden llegar a un acuerdo para que este se realice en forma de bienes, principalmente mediante la entrega de una propiedad o derecho urbanístico.

Artículos relacionados