Limitación de la acción administrativa por la doctrina de los actos propios

Aunque originalmente la teoría de los propios actos, también conocida como la frase latina "venire contra factum proprium non valet", apareció en el ámbito del derecho civil, su utilización en el ámbito del derecho público es ahora ampliamente aceptada.

Caso práctico

Un claro ejemplo de la apli­ca­ción de prin­ci­pios jurí­di­cos en la práctica lo encon­tra­mos en la sen­ten­cia dictada por el Tri­bu­nal Supe­rior de Jus­ti­cia de Comu­ni­dad Valen­ciana el 27 de noviem­bre de 2007.

En este caso, la Admi­nis­tra­ción había decla­rado la incom­pa­ti­bi­li­dad de dos con­ce­sio­nes en explota­ción, pero se demostró que previa­mente había con­si­de­rado que dichas con­ce­sio­nes eran com­pa­ti­bles. Esta incon­sis­ten­cia de la Admi­nis­tra­ción vio­ló el prin­ci­pio de buena fe, que pro­tege la con­fianza de los ciudadanos y exige cohe­ren­cia en sus actos.

En el ámbito fiscal, se debe tener en cuenta que la Direc­ción Gene­ral de los Tri­bu­tos es quien determina si una entidad extranjera puede ser considerada como una entidad sujeta a tributación en España.

Fundamento de los Propios Comportamientos y Resguardo de la Fianza Razonable

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Maximización de la Consecuencia de los Propios Actos y Garantía de la Confianza Justa

Es imperativo que una entidad de la administración pública no vaya en contra de lo que ha reconocido anteriormente, frustrando así las expectativas creadas en el ciudadano de buena fe.

El artículo 3.1.e de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público establece el siguiente principio fundamental: "Las Administraciones Públicas [...] deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: [...] Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional".

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha desarrollado este principio aplicable al derecho administrativo de manera inequívoca: los principios que deben respetar las Administraciones Públicas en su actuación de buena fe y confianza legítima (derivados del principio de seguridad jurídica) consisten en que dicha actuación no puede ser alterada de forma arbitraria.

De qué manera es efectivo

La importancia de la coherencia y la protección de la confianza en la doctrina de los actos propios ha sido reiteradamente confirmada por el Tribunal Supremo en numerosas sentencias, como la más reciente de 26 de enero de 2006. Esta doctrina, basada en el principio de la buena fe (Art. 7.1 del Código Civil), limita la libertad de actuar cuando se han creado expectativas razonables en otra parte, exigiendo coherencia en las acciones.

Según la jurisprudencia, un acto propio representa una voluntad clara de configurar una relación o situación de derecho inalterable, que produce efectos legales vinculantes para terceros (Sentencias de 8 de febrero y 28 de octubre de 2005). Por tanto, se prohíbe cualquier comportamiento contradictorio posterior (Sentencias de 16 de febrero y 14 de octubre de 2005). Sin embargo, para que los actos propios tengan este efecto jurídico en una acción específica, es necesario que se opongan a la significación y eficacia jurídica de dicha acción (Sentencia de 8 de noviembre de 2005).

Es crucial tener en cuenta que no se puede permitir ir en contra de los propios actos, negando su validez en base a una conducta posterior que va en contra de ellos. Como señala la doctrina científica moderna, esta doctrina no se limita al ámbito de los negocios jurídicos, sino que tiene una sustancia propia basada en el principio de buena fe (Sentencia 81/2005 de 16 de febrero). Es decir, se basa en la confianza que una persona debe tener en la conducta de otra.

Principio de Igualdad

El artículo 14 de la Constitución Española y las normas comunitarias imponen el principio de igualdad a la administración pública. Esto se refiere a la prohibición de discriminación entre ciudadanos españoles y ciudadanos de otros Estados de la Unión Europea.

La actividad administrativa debe regirse por la igualdad de todos ante la ley, tanto en su sentido material como formal, ya que esto tiene implicaciones en la libertad y la propiedad privada. Sin embargo, en ocasiones se podrán aplicar tratamientos diferentes para lograr resultados que promuevan una igualdad real.

La igualdad ante la ley es el presupuesto fundamental en los Estados democráticos de Derecho. Cualquier forma de discriminación va en contra de este principio. La desigualdad sin una justificación objetiva y razonable es considerada ilegal.

Caso práctico

Un ejemplo práctico de este caso es el resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, mediante una sentencia emitida el 27 de noviembre de 2007, donde se planteó y debatió la siguiente situación:

La Administración, al determinar que las concesiones en disputa eran incompatibles, ha ido en contra de sus propias acciones previas, ya que en un momento anterior las había considerado como no incompatibles. Esta acción posterior implica una violación del principio de buena fe, el cual es aceptado por el Tribunal Supremo al considerar que protege la confianza depositada en el comportamiento ajeno y establece la obligación de coherencia en el propio comportamiento. En otras palabras...

En qué consiste

La doctrina de los actos propios, también conocida como la regla de la inadmisibilidad de venir contra factum proprium, surgió en el ámbito del Derecho privado con el fin de proteger la confianza y la buena fe en las relaciones jurídicas. De acuerdo a esta norma general del derecho, el autor de una declaración de voluntad está vinculado al sentido objetivo de la misma y no puede actuar de manera contradictoria, en beneficio de la estabilidad y la seguridad en las relaciones entre individuos.

En términos más específicos, esto significa que se ha depositado fundadamente confianza en el comportamiento ajeno y se tiene el deber de ser coherente con dicho comportamiento, limitando por lo tanto la posibilidad de llevar a cabo acciones contrarias. Esta regla encuentra su fundamento en la necesidad de proteger la rectitud y equidad en las transacciones legales.

Es importante destacar que, según la jurisprudencia de esta Sala (en sentencias tales como 5-10-87, 16-2 y 10-10-88, entre otras), la doctrina de los actos propios constituye un límite al ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad, basado en el principio de buena fe. De esta forma, se exige a las partes mantener un comportamiento coherente dentro del tráfico jurídico, siempre y cuando se cumplan los requisitos necesarios para la aplicación de esta norma.

Este principio general del derecho se aplica cuando hay actos propios inequívocos por parte de quien pretende invocarlo, es decir, cuando sea evidente que se ha llevado a cabo una acción contraria a lo que se intenta alegar. Asimismo, también es necesario que se haya depositado fundadamente confianza en dicho comportamiento contrario y que se cumpla con la buena fe en las relaciones jurídicas. De esta forma, se busca garantizar la seguridad y rectitud en las relaciones entre individuos.

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